JUEZA DICTA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA IVÁN ESPINEL


La jueza Paola Dávila López, titular de la Unidad Judicial Multicompente de Samborondón, dictó prisión preventiva contra Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y Walter Andrade Muñoz, procesados por supuesto lavado de activos. Esto se dio la tarde noche del sábado, 7 de abril del 2018, en Samborondón, Guayas.

La jueza acogió el pedido de la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad de Lavado de Activos con sede en Quito, quien solicitó además la retención de dinero de las cuentas de Espinel, y la prohibición de enajenar una vivienda que se encuentra hipotecada y un vehículo híbrido de su propiedad.

La audiencia de formulación de cargos se extendió hasta las 18:30 en la Unidad Judicial del cantón de Samborondón. Espinel y Andrade fueron detenidos para investigación la noche del viernes, luego de lo cual la Fiscalía y efectivos de la Policía los llevaron hasta sus respectivos domicilios, que fueron allanados para investigaciones la madrugada de este sábado. Espinel fue detenido en un centro comercial de la avenida Samborondón sobre las 23:45 y trasladado a su casa en el mismo sector de La Puntilla, también en el cantón Samborondón.

La Fiscalía sustento su caso en informes de la Unidad de Análisis Económico y Financiero, una investigación del año 2010 al 2016, que describe «operaciones y actividades económicas inusuales e injustificadas» del exfuncionario del actual Gobierno. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal sostuvo que Espinel recibió ingresos por USD 378 167 durante ese periodo, en el que desempeñó diversos cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES). Pero en ese lapso el excandidato presidencial tuvo gastos por 669 670 según la Fiscalía, que acusó un desface de dinero injustificado de USD 291 392. La Fiscalía también investiga también otros depósitos cuantiosos.

E involucra a Andrade Muñoz en una serie de cuatro depósitos por USD 170 500 entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, que el imputado hizo a favor de la constructora que le vendió una vivienda a Espinel en el sector de la avenida Samborondón. En su versión, Andrade Muñoz asegura que realizó esos depósitos a quien es su amigo por 20 años (Espinel), un dinero que provenía supuestamente de la venta de bienes del exministro que no pudo precisar, según la Fiscal.

El segundo procesado en el caso, quien también trabajó en el IEES, recibió ingresos anuales en 2014 por USD 2 859 y solo ese año tuvo gastos por USD 72 203, según la acusación fiscal. Pedro Moreira, abogado de Andrade Muñoz, indicó que las pruebas y elementos de convicción son insuficientes como para dictar una medida de prisión preventiva. «La Fiscalía ha realizado una labor muy extensiva del rol que supuestamente jugó mi defendido, que en honor a la amistad con el doctor Espinel lo único que hizo fue hacer unos depósitos a la constructora que le vendió la casa a Espinel», dijo. Kleber Sigüenza, abogado del exministro, denunció una presunta violación de los derechos constitucionales de su defendido a quien se le negaron medidas sustitutivas a la prisión, y quien tiene abiertos procesos por peculado y enriquecimiento ilícito.

«Es de conocimiento público que (Espinel) tiene otros expedientes y ha comparecido a las audiencias y demuestra que no tiene por qué huir del país. En todos los expedientes abiertos hemos demostrado cómo ha obtenido sus ingresos», señaló. Al final de la audiencia de formulación de cargos, un contingente de efectivos de la Policía retuvo por cerca de media a una decena de periodistas que cubrían la noticia al interior del complejo judicial cuando hasta los familiares, procesados y las propias autoridades judiciales habían abandonado el complejo.

Según se informó de manera informal la Jueza habría ordenado la retención y el levantamiento de un parte por una supuesta filtración de información a las redes sociales durante la audiencia.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO

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